Greenpeace criticó al Gobierno nacional por declarar la emergencia ígnea en la Patagonia sin fondos específicos y, al mismo tiempo, impulsar cambios que ponen en riesgo la Ley de Glaciares, clave para enfrentar la crisis climática y proteger las reservas de agua dulce.
Noticias 31/01/2026 Redacción
La organización ambiental Greenpeace cuestionó duramente al Gobierno nacional tras la declaración de la Emergencia Ígnea en la Patagonia, al considerar que la ayuda anunciada llega tarde y resulta contradictoria con las políticas que impulsan la flexibilización de la Ley de Glaciares. El incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces se inició el 9 de diciembre, y desde mucho antes diversas organizaciones ya habían advertido sobre el riesgo extremo de incendios forestales en la región.
En ese sentido, Greenpeace recordó que en septiembre del año pasado alertó formalmente a gobernadores y autoridades nacionales sobre la gravedad del escenario, señalando el desfinanciamiento de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego, así como la falta de brigadistas, en un contexto que se daba tras el peor verano de incendios en la Patagonia en los últimos 30 años.
Tras casi dos meses de incendios activos, el Gobierno declaró la emergencia mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde reconoce que las condiciones meteorológicas adversas —marcadas por la sequía y los vientos intensos— provocaron daños ambientales significativos, superaron la capacidad de respuesta estatal y pusieron en riesgo a la población. No obstante, Greenpeace advirtió que la medida no contempla una partida presupuestaria específica.
“Es hipócrita declarar la emergencia ígnea y, al mismo tiempo, avanzar en medidas que habiliten la destrucción de glaciares. No se puede combatir incendios y sequías extremas mientras se ataca a uno de los principales aliados frente a la crisis climática, que además constituye una de las principales fuentes de agua dulce del país”, afirmó Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace.
Desde la organización señalaron que las condiciones que dieron origen a la emergencia —sequías prolongadas y eventos climáticos extremos— son precisamente las que la Ley de Glaciares busca mitigar al proteger las reservas estratégicas de agua dulce. En ese marco, remarcaron la contradicción central de la política ambiental oficial: mientras el Estado reconoce la gravedad del escenario climático, impulsa modificaciones que ponen en riesgo a los glaciares.
Finalmente, Greenpeace exigió que no se avance en cambios sobre la Ley de Glaciares y reclamó una política ambiental coherente, que priorice la protección de los bienes comunes y garantice el acceso al agua para las generaciones presentes y futuras.
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